Uno no puede dejar de pensar en cosas oscuras. En charcas espesas. Negras. En intereses particulares de la propia presidenta, sobre todo teniendo en cuenta las acusaciones que Eva Aladro y Berta Delgado, promotoras de la Plataforma Salvemos el Albéniz, hicieron en su primer escrito: Por lo que hemos podido saber parece que la ley que desprotegió al teatro puede ser ilegal, sobre todo si se ha hecho para favorecer una operación inmobiliaria favoreciendo a ciertos constructores y al anterior propietario, íntimo amigo y compañero del marido de Esperanza Aguirre. (No sé si luego, Eva y Berta se desdijeron de esto para no politizar el tema. No he vuelto a leer en ningún sitio nada sobre esta acusación. Pero el tema tiene que ver con la política. Tiene que ver con una manera de gobernar. Es absurdo despolitizarlo. Ya es política).

A mi modesto entender, creo que Isabel Longhi-Bracaglia o cualquier otro compañero periodista en ejercicio debería ponerse a investigar en serio. No ya para salvar al Teatro Albéniz -algo de por sí importantísimo- sino para comprobar estos indicios de presunta corrupción política de la dirigente del PP, algo muchísimo más grave, aunque menos romántico. Creo que no es suficiente vivir de filtraciones procedentes de uno u otro bando del Partido Popular en esta guerra de pellizcos conventuales sobre territorio madrileño (en este caso parece que la fuente huele a Gallardón que tira para atrás).

Merecería la pena dedicar esfuerzo y profesionalidad a este asunto. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la vivienda de Esperanza Aguirre, un palacete en una calle de mi barrio donde llevo a mi perra a hacer sus necesidades (joder, la limpian mucho más que la mía), están domiciliadas varias empresas inmobiliarias. Que alguien siga las miguitas de Pulgarcito. Me da en la nariz que llevan a esa fosa en la que, de niño, vi cadáveres de cerdos flotando.